El Tribunal Supremo de Justicia minimiza la tortura y la convierte en un asunto meramente administrativo

Abstract

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que genera preocupación al tratar casos de tortura y tratos crueles como asuntos administrativos en lugar de delitos, contradiciendo normativas nacionales e internacionales, vigentes en Venezuela. La Sala Constitucional del TSJ se declaró incompetente para conocer una solicitud de amparo por violación de derechos humanos, remitiendo el caso a un tribunal administrativo en lugar de enviarlo al Ministerio Público, lo cual va en contra de la gravedad de los hechos denunciados. La demora de casi seis años en pronunciarse y la falta de acción inmediata ante situaciones urgentes también son motivo de preocupación. La decisión refuerza la percepción de falta de tutela judicial efectiva y alimenta la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela.

The Supreme Court of Justice (SCJ) issued a verdict that raises concerns by treating cases of torture and cruel treatment as administrative matters rather than crimes, contradicting national and international regulations in force in Venezuela. The Constitutional Chamber of the SCJ declared itself incompetent to handle a petition for protection regarding human rights violations, referring the case to an administrative court instead of directing it to the Public Prosecutor's Office, which goes against the gravity of the reported incidents. The nearly six-year delay in rendering a decision and the lack of immediate action in urgent situations are also causes for concern. The verdict reinforces the perception of a lack of effective judicial protection and contributes to impunity in cases of serious human rights violations in Venezuela.