Flagrancia delictiva: la necesidad de un control efectivo de la legalidad Por el ministerio público

Abstract

Este artículo examina el control de legalidad en las detenciones realizadas en situaciones de flagrancia en Perú, con un enfoque especial en el rol del Ministerio Público. Se discute la relevancia de validar la legalidad de dichas detenciones y su efecto sobre los derechos fundamentales de los individuos involucrados. La aplicación práctica del control de legalidad en estos casos muestra una considerable discrepancia con la teoría, lo que se evidencia en la falta de uniformidad en las acciones de los fiscales. Para llevar a cabo este estudio, se adoptó un enfoque cualitativo y fenomenológico, que incluyó entrevistas con fiscales y un análisis de documentos. Los hallazgos indican que hay una insuficiente verificación de la legalidad en las detenciones, lo que podría resultar en la violación de derechos y la anulación de procesos penales. Por lo tanto, se subraya la urgencia de fortalecer la actuación del Ministerio Público para asegurar un control efectivo de la legalidad en las detenciones en flagrancia.

This article examines the legality control in detentions made in flagrant situations in Peru, with a special focus on the role of the Prosecutor's Office. It discusses the importance of validating the legality of such detentions and their impact on the fundamental rights of the individuals involved. The practical application of legality control in these cases reveals a considerable discrepancy with the theoretical framework, as evidenced by the lack of uniformity in the actions of prosecutors. To conduct this study, a qualitative and phenomenological approach was adopted, which included interviews with prosecutors and document analysis. The findings indicate that there is insufficient verification of the legality in detentions, which could lead to the violation of rights and the annulment of criminal processes. Therefore, the urgency of strengthening the actions of the Prosecutor's Office is emphasized to ensure effective legality control in flagrant detentions.