El Tribunal Supremo de Justicia favorece una vez más la centralización en detrimento de estados y municipios

Abstract

El máximo tribunal del país viene implementando un proceso de reversión de la descentralización del poder político y administrativo que atenta contra el espíritu y letra de la Constitución de 1999. Desde el rechazo de la propuesta de la reforma constitucional en 2007, el Gobierno nacional con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia ha menospreciado a las gobernaciones y alcaldías, con el objetivo de centralizar aún más el poder. Existe una batería de decisiones jurisprudenciales que desde hace tiempo propugna la eliminación de la descentralización. En la sentencia Nº 469 del 2 de agosto de 2022, la Sala Constitucional desechó un recurso de nulidad que la Gobernación de estado Miranda presentó contra la reforma de los artículos 8, 9, 13 y 14 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en 2009.

The country's highest court has implemented a process to reverse the decentralization of political and administrative power, which violates the spirit and letter of the 1999 Constitution. Since the rejection of the constitutional reform proposal in 2007, the national government, with the support of the Supreme Court, has diminished the governorships and mayorships in order to further centralize power. There is a series of jurisprudential decisions that have long advocated the elimination of decentralization. In Ruling Nº 469 of August 2, 2022, the Constitutional Chamber rejected an appeal for annulment filed by the Miranda state government against the reform of Articles 8, 9, 13 and 14 of the Organic Law on Decentralization, Delimitation and Transfer of Public Power, approved in 2009 by the National Assembly controlled by the ruling party.