Consideraciones sobre el ejercicio de la función jurisdiccional desde la iniciativa privada

Abstract

La función jurisdiccional es quizás la actividad humana más importante de todas, actualmente es ejercida por el Estado, quien es representado por sujetos que han obtenido los más altos cargos como resultado de alianzas, o de una sagaz manipulación mediática de la psicología social y la propaganda para el control de las masas, sin que los méritos, los logros, la experiencia, las capacidades ni las competencias de los funcionarios jueguen un papel fundamental en la designación de sus respectivos puestos. Actualmente, en mayor o menor medida el acceso a la justicia constituye uno de los negocios ilícitos más lucrativos, reservado casi exclusivamente para quien ostenta poder político, económico o una combinación de ambas cosas. Es por ello que la función jurisdiccional (incluido el sistema penitenciario) debe ser desarrollada por organizaciones privadas con fines de lucro sometidas a estrictos medios de supervisión y control a cargo tanto del Estado como de la comunidad y de los medios de comunicación, sobre la base de parámetros preestablecidos que procuren la estandarización y uniformidad del quehacer jurisdiccional, tanto en su parte operativa como administrativa.

Judicial function is perhaps the most important of all human activities; it is currentlyperformed by the State, which is represented by individuals who have reached the highest positions through alliances, or a cunning media manipulation of social psychology and the use of propaganda for controlling the masses; while the merits, achievements, experience, capacities or competence of the officials do not play a fundamental role in the appointment to their positions. Today, to a greater or lesser extent, access to justice constitutes one of the most lucrative illicit businesses, reserved almost exclusively for those who hold political or economic power, or both.That is why the judicial function (including the prison system) must be performed by private for-profit organizations subject to strict supervision and control by the State, the communityand the media, on the basis of pre-established parameters aimed at the standardization and uniformity of the judicial work, both in its operational and administrative aspects.