El uso de la fuerza letal y sus consecuencias jurídicas para el funcionario policial

Abstract

El objetivo general de la investigación fue determinar las consecuencias jurídicas para los funcionarios policiales que, en cumplimiento de su deber legal, utilizan la fuerza letal durante un procedimiento. La investigación tuvo como propósito proporcionara los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la información necesaria sobre el uso de armas de fuego en procedimientos policiales que resulten en muertes o heridos. Este conocimiento es esencial para garantizar que las actuaciones policiales se realicen dentro del marco jurídico y de conformidad con los principios del uso progresivo y racional de la fuerza. La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, basado en la revisión de información relevante y decisiones judiciales relacionadas con el uso de la fuerza letal en procedimientos policiales. Se concluye que la actuación policial debe ser protegida por el Estado y para esto se recomienda que, en casos donde el uso de la fuerza resulte en muertes o heridos, se debe evitar la formulacióninmediata de cargos hasta que se realice una investigación exhaustiva que permita determinar si la actuación se ajusta a los principios del uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza

The general objective of the research was to determine the legal consequences for police officers who, in the fulfillment of their legal duty, use lethal force during a procedure. The purpose of the study was to provide law enforcement officers with the necessary information regarding the use of firearms in police procedures that result in deaths or injuries. This knowledge is essential to ensure that police actions are conducted within the legal framework and in compliance with the principles of progressive and rational use of force. The research is based on a qualitative approach, involving the review of relevant information and judicial decisions related to the use of lethal force in police procedures. The study concludes that police actions should be protected by the State. To achieve this, it is recommended that in cases where the use of force results in deaths or injuries, the immediate filing of charges should be avoided until a thorough investigation has been conducted to determine whether the action adhered to the principles of progressive, proportional, and rational use of force