Arco Minero del Orinoco: diversificación extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia
Fecha
2022-03-04Autor
Velasco Páez, Francisco Javier
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En el contexto de la crisis estructural venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado diversificar las políticas extractivistas promoviendo la explotación minera, destacando la creación de la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), con casi 112.000 km 2 equivalentes al 12,2% del territorio nacional. El AMO se ubica en el margen sur del río Orinoco, con numerosas comunidades indígenas y varias decenas de miles de personas pertenecientes a varias etnias; la zona también se caracteriza por su gran biodiversidad y sus estratégicas reservas de agua dulce. Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional y/o mixto, de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita. No obstante, este proyecto ignora dos requisitos fundamentales de la Constitución de Venezuela (1999): la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural, y la consulta a los pueblos originarios. Por esta razón organizaciones indígenas, grupos ambientalistas y de defensa de los derechos humanos, artistas, académicos e intelectuales han criticado el proyecto señalando sus devastadores impactos y las violaciones a las disposiciones constitucionales. Las respuestas del gobierno a las críticas realizadas a este proyecto van del soslayo a la criminalización, incluyendo dilación en decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, despidos de funcionarios, docentes y retención de periodistas y defensores de DDHH. Amidst Venezuela’s structural crisis, the government of Nicolás Maduro tried to diversify extractivist policies by promoting mining industries. The creation of the so-called National Strategic Development Zone, Orinoco Mining Arc (AMO), stands out. It is almost 112,000 km 2, equivalent to 12.2% of the national territory. The AMO is located in the south bank of the Orinoco River, with numerous indigenous communities and several tens of thousands of people belonging to various ethnic groups. The area is also characterized by its great biodiversity and strategic freshwater reserves. According to the decree, the AMO seeks the extraction and commercialization of bauxite, coltan, diamonds, gold, iron, copper, kaolin and dolomite, under the supervision of national, transnational and/or mixed capital. This project, nevertheless, ignores two fundamental requirements of the Venezuelan Constitution (1999): the evaluation of environmental and sociocultural impact and the consultation with the native peoples. For this reason, indigenous organizations, environmental and human rights groups, artists, academic and intellectuals have criticized the AMO, pointing out its devastating impact and the violation of constitutional provisions. The government’s responses to criticisms ranges from criminalization to dilatory tactics in the Supreme Court; dismissals of civil servants, teachers and incarceration of journalists and Human Rights activists.
