El arbitraje comercial como medio alternativo de resolución de conflictos en los contratos de adhesión mercantiles

Abstract

La presente investigación tiene como finalidad exhaustiva desentrañar y explicar cómo el arbitraje comercial en la legislación mercantil constituyen una vía excepcional expedita y eficaz y un medio alternativo para la solución de conflictos devenidos a raíz de la entrada en vigencia de la constitución bolivariana de Venezuela en sus artículos 253 y 258 donde se incluyó en el sistema de justicia a los medios alternativos de resolución de conflictos y se exhorto su promoción a través de la ley de arbitraje comercial y lo relacionado a los contratos mercantiles de adhesión adaptados a la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios (INDEPABIS) y su reforma parcial según gaceta oficial N° 39358 del lunes primero de Febrero del año 2010 y la gaceta oficial extraordinaria N° 6017 del Jueves 30 de diciembre del 2010, como competente para resolver los conflictos nacido de un contrato típico de adhesión con cláusulas de arbitraje según lo pautado y tipificado en la ley en sus articulos 1, 2 Ydel 70 al 86 cuyo decreto es con rango valor y fuerza de ley como fundamento esencial para los profundos cambios históricos que en lo social, económico, político y cultural se desarrollan de manera dinámica y progresiva, con la finalidad de solucionar y responder a los usuarios de manera expedita y ágil los derechos de los consumidores e incorporándose a disposiciones sustanciales y procedimentales administrati vas novedosa, como son la ley para la defensa para las personas a los bienes y servicios, así mismo se amplió el ámbito de su competencia incluyéndose como sujeto de la ley a toda persona natural o jurídica que interviene en la cadena de distribución, producción, fabricación, industrialización y consumo tales como importadores, productores, fabricantes, distribuidores, comercializadores, haciéndoles responsables directa y solidariamente cuando sus conductas o actos afecten o vulneren los derechos de las personas, así mismo se incorporan los consejos comunales por medio de la contraloría social, se sanciona con pena para estas conductas irregulares y se precisan su carácter ilícito.